Sorpresa mayúscula
Al acudir a los concesionarios para informarse de los modelos disponibles y sus precios, se han llevado la desagradable sorpresa al conocer que los precios de esos modelos son, como poco, absurda y estratosféricamente altos.
Reuters en un artículo reciente enumera como ejemplo los precios en un concesionario de Peugeot, donde modelos de corte extremadamente económico como el antiguo Peugeot 206 se encuentran desde unos absurdos 91.000 dólares, dólares americanos se entiende, ya que es la moneda de uso más común en Cuba por mucho que no esté permitida por el gobierno.
Precios de modelos como el 508 de Peugeot llegan hasta los 262.000 dólares, precios totalmente disparatados e ilógicos y que no se corresponden ni con la realidad del producto ni con la realidad social del deprimido económicamente país caribeño. Los modelos que cita Reuters no aparecen en la web oficial de la marca en Cuba, pero nos pondremos en contacto con el correspondiente departamento de prensa de la firma para solicitarles toda la información precisa a este respecto.
Mercado de usados
En el caso de los vehículos usados, procedentes generalmente de agencias de alquiler, sucede exactamente lo mismo, rápidamente han puesto a la venta unidades con precios que rondan los 25.000 dólares, algo totalmente grotesco, sobre todo si tenemos en cuenta que son los vehículos históricamente peor valorados, dados su uso y procedencia.
Desconocemos aún la cuantía exacta de los aranceles cargados por el gobierno cubano, Reuters afirma en su artículo que llegan al 400%, y en cuanto concretamente afectan a los precios finales, por lo que no podemos afirmar si es solo responsabilidad del sangrante afán recaudatorio del gobierno o si los empresarios vendedores son parte o mayormente culpables, lo que sí es seguro es que detrás solo puede haber un egoísta y avasallante afán de enriquecimiento rápido.
El salario medio en Cuba, de 4 de cada 5 ciudadanos, ronda los 20 dólares mensuales al cambio, por lo que los precios fijados para los vehículos nuevos condena a los habitantes de la isla a no acceder de ninguna de las maneras a un medio de transporte privado, lo cual incluso empeora la situación anterior, ya que a pesar de no poder acceder a un vehículo nuevo por las trabas burocráticas impuestas sí que habían maneras de disponer de uno, generalmente recurriendo a funcionarios que tenían menos problemas administrativos para acceder a uno.
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